El 25 de noviembre de 2010, levantaron la mano para votar por unanimidad. Solo hubo una abstención. ¨El Cangreso¨ que camina para atrás, había aprobado la ley de salud mental, dejando entrever que los discapacitados intelectuales no son potenciales votantes. Era tan infame la sesión que salvo la comisión de salud, ninguno de los 180 legisladores tenía idea de qué estaban hablando, y qué estaban votando.
Era particular el tema, sí lo era! La ley entraría en vigencia dentro de diez años. Si en diez años!
Otra constante de ese gris edificio de la Avenida Callao, ¨El Cangreso¨; era que el Edil que se abstuvo lo hizo por razones políticas, no por convencimiento.
En los siguientes nueve años, cada provincia y el estado nacional emitió decretos fijando como reducirían los centros de salud mental, con el apoyo de pseudo-organismos de derechos Humanos, que fijaron su política al respecto en pocas palabras ¨Tienen derecho a la libertad, y un médico no puede ordenar su reclusión¨. Como si se tratara de objetos de delito.
El vaciamiento de las instituciones y la falta de presupuesto, fue progresivo en los primeros seis años. Las obras sociales dejaron de pagar los gastos y muchas instituciones simplemente, quebraron.
Al reducir los pacientes, como si hubieran encontrado una cura milagrosa; los obligaron a dejar a sus amigos y hermanos de toda la vida. La ley exigió que una abuela de 96 años, que estaba internada desde los 6 años, buscara a sus padres y/ o hermanos para cuidarla.
Sus acompañantes terapéuticos lo hicieron, pero el polvo del tiempo se los había llevado a todos.
Cuando faltaban solo tres meses para aplicar la ley y ejecutar el cierre de todas las instituciones del país, la secretaría de Salud tuvo que inventar una serie de escusas llenas de recursos literarios.
¡Ehhh hicimos un censo nacional, y las 162 instituciones de salud mental están de acuerdo!
Nadie en el país se enteró que hubiera habido tal censo, y la secretaría oculta a rajatabla cuales son las instituciones censadas. Jamás le preguntaron a los pacientes, cuál creían que era su hogar?
A tan solo 20 días de tener la obligación de cerrar las instituciones y quitar todo el presupuesto nacional, dejando a los 12005 pacientes que según ese censo acusaba tener, en la calle. Un funcionario observó: ¨La ley dice que debemos cerrar las instituciones en 2020, pero no dice que día ni cómo hacerlo¨.
Fue así que la sentencia de ejecución se fijó para el 31 de agosto, y la nueva chicana fue ¨ese es el límite para adecuarse y de ahí tienen otros tres años de gracia¨.
En estos diez años, más del 50 por cien de los pacientes se quedaron sin hogar y legalmente el estado puede destinar menos recursos, ya que no hay tantos internados, dice.
La abuela cumplió 97 años, pero ningún político sabe por qué sus padres no fueron a buscarla.
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